Cuba sigue un modelo prohibitivo: se prohíben los casinos, las casas de apuestas y las salas de juego privadas, y se tipifica como delito la organización de juegos de azar.
El Estado no expide licencias de juego en línea ni prevé un registro separado de operadores; Los intentos de llevar a cabo actividades están sujetos a sanciones, incluida la confiscación de equipo y multas o penas de prisión.
El acceso a sitios extranjeros está restringido a través de bloqueos de red y control de pagos, y el uso de plataformas VPN/offshore conlleva riesgos legales para operadores e intermediarios.
En turismo, los casinos hoteleros no están permitidos; el juego sólo es posible en cruceros en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción del país.
El enfoque regulatorio es la supresión de esquemas ilegales (incluyendo «bolita» y loterías clandestinas), cumplimiento financiero y control de transacciones.
Como resultado, el mercado sigue ilegalizado y la perspectiva de licencias no se vislumbra en el horizonte a corto plazo.
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