Panamá regula el juego a través de la Junta de Control de Juegos (JCJ), dependiente del Ministerio de Hacienda, que controla, licencia y supervisa el mercado.
La base es el Decreto-ley Nº 2, de 10 de febrero de 1998, por el que se crea el regulador y se establecen sus competencias, incluido el establecimiento de normas para los juegos por «medios electrónicos» y las apuestas a distancia.
En la década de 2000, el país formalizó el modo en línea (e-gaming), y posteriormente adoptó actualizaciones, incluyendo Resolution No. 25 (2022), aclarando los requisitos para los operadores remotos.
La concesión de licencias cubre los casinos terrestres y las operaciones en línea; se imponen a los solicitantes requisitos financieros, técnicos y de cumplimiento (incluyendo AML/KYC), y la JCJ realiza inspecciones y aplica sanciones por infracciones.
Este diseño apoya la transparencia, la protección de los jugadores y mantiene el atractivo de Panamá como jurisdicción regional iGaming.